El Gobierno argentino reconoció ayer que carece de fondos para
cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga
a anular el descuento del 13% en los salarios de los empleados
públicos y jubilados. Los empleados públicos argentinos recibieron
con júbilo y el Gobierno en silencio la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de declarar «inconstitucional» una reducción
que se aplica desde mediados de 2001 a los funcionarios y jubilados
de mayores ingresos.
La medida supone un duro golpe al plan de ahorro fiscal del
presidente Eduardo Duhalde y, aunque fue dictada a partir de una
demanda particular iniciada contra el Estado por un militar, crea
una jurisprudencia que servirá de amparo al resto de las personas
perjudicadas. El ministro de Justicia y Seguridad, Juan José
Àlvarez, admitió que el fallo judicial afectará al plan económico,
mientras que el jefe del gabinete de Gobierno, Alfredo Atanasof,
subrayó que «el Gobierno acatará el fallo de la Corte Suprema,
pero, añadió, «todo el mundo sabe» que el Estado «no tiene hoy los
recursos necesarios para afrontar esos gastos».
Ambos señalaron que el asunto lo estudia el Ministerio de
Economía, cuyos portavoces calcularon que habrá que afrontar un
gasto público adicional de 3.000 millones de pesos (828'7 millones
de dólares) al año. Los portavoces indicaron que a esta suma se
agregan otros 5.000 millones de pesos (1.381 millones de dólares)
que se deberán pagar por la deuda acumulada desde julio de 2001,
cuando se dispuso la reducción del salario de los empleados
públicos y jubilados. Juan José Àlvarez destacó que el Estado
«tendrá que hacer una cantidad de egresos (gastos) que no tenía
previstos», pero consideró que esto «no es para dramatizar».
El recorte del salario público respondió a la política de
«déficit cero» puesta en marcha en julio de 2001 por el Gobierno de
Fernando de la Rúa en sintonía con las condiciones que por entonces
puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a
Argentina. La Corte Suprema declaró que esa medida violó la
Constitución Nacional en un fallo dictado el jueves, que confirma
el pronunciamiento de instancias inferiores de la justicia. El
máximo tribunal aclaró, además, que la reducción no puede ser
admitida, porque los salarios se «han envilecido» a causa de la
devaluación del peso. El Gobierno mantiene la esperanza de recibir
luz verde del FMI para evitar un cese total de pagos de la deuda
pública.
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