El fallo del Tribunal Constitucional alemán, que rechazó por
razones de procedimiento la ley de inmigración, no sólo bloquea la
entrada en vigor el 1 de enero de uno de los grandes proyectos del
Gobierno de Gerhard Schröder, sino que obligará al Ejecutivo a
buscar el consenso con la derecha. Al difícil arranque
pos-electoral de Schröder por las malas noticias económicas, se
sumó ayer una «revancha» conservadora, heredada desde la primera
legislatura.
El revés le vino al canciller desde Karlsruhe, sede del
Tribunal, que declaró inconstitucional la aprobación de la ley de
inmigración y dio así la razón a los demandantes, seis estados
liderados por los conservadores. «Nuestro cometido no era juzgar el
contenido sino la forma en la que se produjo la aprobación»,
subrayó el presidente de la sala, Winfried Hassemer, al dar a
conocer la sentencia.
La fórmula empleada por el presidente de la cámara alta
(Bundesrat), el socialdemócrata Klaus Wowereit, para dar por
ratificada esa ley, no fue «acorde con la Constitución», puesto que
obvió que uno de los estados -Brandeburgo- no tenía una posición
unitaria al respecto e interpretó su voto como positivo. El voto de
Brandeburgo era decisivo para resolver el empate en uno u otro
sentido.
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