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OTR/PRESS-BUENOS AIRES
La lucha contra la impunidad en Argentina sigue adelante. Un juez federal ordenó ayer la detención de 46 ex represores cuya extradición solicitó el juez Baltasar Garzón para ser juzgados en España por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Ahora, el Gobierno de Néstor Kirchner debe derogar el decreto que prohíbe sus extradiciones, mientras en el plano judicial se estudia declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Tras conocerse la noticia, los abogados de la acusación popular afirmaron que se trata de algo «absolutamente positivo», ya que supone «un escalón más» en la búsqueda de justicia.

La petición de detención, que recae sobre 45 ex jefes militares y un civil, acusados de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar (1976-1983), llegó el miércoles al juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, quien firmó ayer las órdenes de detención, lo que supone un paso previo antes de que se decidan las extradiciones.

En la orden de arresto están incluidos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Ambos ya están detenidos, bajo arresto domiciliario, acusados de haber llevado adelante un plan para el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. Por lo tanto, antes de ser extraditados deberá concluir ese juicio que se tramita en Buenos Aires. En la misma situación están Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres, procesados también por sustracción de menores.