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El Gobierno de Argentina abrió ayer la puerta para que la justicia del país pueda decidir sin intromisiones sobre la extradición a España de personas reclamadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina.

Poco después de regresar de EEUU, el presidente Néstor Kirchner derogó un decreto suscrito en el año 2001 que obligaba a los jueces a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de argentinos responsables de la represión durante los «años de plomo».

«Queremos que la justicia desarrolle su actividad con independencia, que ocurra lo que en cualquier país civilizado», dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, encargado junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de anunciar una decisión que era esperada desde hace días.

La anulación del decreto presidencial suscrito en su día por Fernando de la Rúa permite la posible extradición de los 45 militares y un civil que el juez Baltasar Garzón quiere juzgar por genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

Un juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral, emitió ayer, jueves, órdenes de captura de las personas incluidas en la lista enviada por Garzón y a lo largo del día de ayer varios de los reclamados se pusieron a disposición del magistrado y fueron detenidos. Hasta ahora sólo se presentaron ante la justicia el general retirado Antonio Domingo Bussi, el miembro de la Policía Aeronáutica Ernesto Weber y el único civil de la lista de acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.