El fondo de la cuestión de ese caso es el supuesto pago de dinero
por parte del actual primer ministro a los jueces para que
bloquearan la venta de SME a su rival empresarial Mario De
Benedetti, propietario del grupo editorial Espresso y del diario la
Repubblica. Las continuas ausencia de Berlusconi en ese proceso por
sus compromisos oficiales llevaron al Tribunal de Milán a dividir
la causa y a juzgar por separado al resto de imputados, la mayor
parte de los cuales fueron condenados el pasado 22 de noviembre.
La consecuencia directa de esta decisión será la reanudación del
proceso por corrupción de jueces que se le seguía hasta junio
pasado en Milán y en el ya ha sido condenado a cinco años de
prisión su estrecho colaborador Cesare Previti.
Ese juicio fue paralizado de forma automática, después de que el
Parlamento aprobara, en vísperas de que Italia asumiera la
presidencia de turno de la UE, una normativa que la oposición
considera hecha a la medida de los intereses de Berlusconi.
El fallo de ayer considera que la ley italiana de inmunidad, que
también afecta a los presidentes de la República, la Cámara de
Diputados, el Senado y el Constitucional, vulnera los principios de
igualdad y derecho de defensa consagrados por la Carta Magna. La
resolución responde al recurso presentado el mismo mes de junio por
los fiscales de Milán que acusan de corrupción a Silvio Berlusconi
en relación con la privatización, en 1985, de la empresa
alimentaria pública SME.
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