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JAIME CASTILLO-ROMA
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, recibió ayer un duro golpe, al declarar el Tribunal Constitucional que la ley que le otorga inmunidad penal durante su mandato es anticonstitucional.

El fondo de la cuestión de ese caso es el supuesto pago de dinero por parte del actual primer ministro a los jueces para que bloquearan la venta de SME a su rival empresarial Mario De Benedetti, propietario del grupo editorial Espresso y del diario la Repubblica. Las continuas ausencia de Berlusconi en ese proceso por sus compromisos oficiales llevaron al Tribunal de Milán a dividir la causa y a juzgar por separado al resto de imputados, la mayor parte de los cuales fueron condenados el pasado 22 de noviembre.

La consecuencia directa de esta decisión será la reanudación del proceso por corrupción de jueces que se le seguía hasta junio pasado en Milán y en el ya ha sido condenado a cinco años de prisión su estrecho colaborador Cesare Previti.

Ese juicio fue paralizado de forma automática, después de que el Parlamento aprobara, en vísperas de que Italia asumiera la presidencia de turno de la UE, una normativa que la oposición considera hecha a la medida de los intereses de Berlusconi.

El fallo de ayer considera que la ley italiana de inmunidad, que también afecta a los presidentes de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y el Constitucional, vulnera los principios de igualdad y derecho de defensa consagrados por la Carta Magna. La resolución responde al recurso presentado el mismo mes de junio por los fiscales de Milán que acusan de corrupción a Silvio Berlusconi en relación con la privatización, en 1985, de la empresa alimentaria pública SME.