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EFE-ESTRASBURGO
El Ejecutivo comunitario, después de un debate «muy largo, profundo y vivo», optó por mantener su pulso jurídico con los ministros de Economía y Finanzas (Ecofín), quienes el pasado 25 de noviembre decidieron «de facto» la suspensión del Pacto de estabilidad del euro para Francia y Alemania. Las dos economías más poderosas de la UE incumplirán por tres años consecutivos (2002-2004) la regla de oro del Pacto, que fija un tope de déficit público del 3% del PIB.

Los ministros se limitaron a aprobar unas «conclusiones», en vez de la «decisión» -con valor vinculante- requerida por el mecanismo sancionador del Pacto. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, dijo que la Comisión «hará todo lo que esté en su poder para garantizar la aplicación correcta del Tratado y del Pacto de Estabilidad», según un comunicado.

La decisión del Ecofín no fue unánime -España, Holanda, Austria y Finlandia votaron en contra-, y desde el primer momento provocó el rechazo del comisario europeo Pedro Solbes, encargado de velar por la aplicación de las normas de disciplina presupuestaria y coordinación económica. La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que clarifique la validez del «procedimiento» de aquel Consejo, sin entrar en los argumentos «políticos ni económicos».

El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Gerassimos Thomas, indicó, en una rueda de prensa, que nunca antes los ministros habían tomado una «decisión tan atípica». El Ecofín hizo suyas las medidas económicas y los plazos propuestos por la Comisión para que Francia y Alemania eliminaran sus déficit excesivos, pero descartó toda obligatoriedad y suspendió la perspectiva de sanciones.