La Suprema Corte de Justicia de Israel aceptó ayer miércoles una
demanda de 45.000 damnificados palestinos por el «muro de
seguridad» y ordenó cambiar su recorrido en un tramo de 40
kilómetros al norte de Jerusalén. El dictamen de los jueces Aharón
Barak, Mijael Jésin y Eliahu Mazza es el de que esa «valla de
separación», que el Poder Ejecutivo decidió levantar en Cisjordania
«para impedir el paso a los terroristas», debe construirse «con un
mínimo de perjuicios para la población palestina» en ese territorio
ocupado por Israel.
Los cambios deben introducirse en el recorrido de 30 de los 40
kilómetros de ese tramo, que afecta a los campesinos de Beit Furik
y otras nueve aldeas agrícolas al norte del barrio-asentamiento de
Mevaseret Sión, en la carretera que une Jerusalén y Tel Aviv. Parte
de la valla, de la que ya se ha construido un 40%, tendrá que ser
destruida como consecuencia del fallo. La obra estaba interrumpida
desde marzo pasado por orden del Tribunal a fin de estudiar el caso
planteado por los damnificados.
Los jueces indicaron que el trazado del muro debe tener en
cuenta lo prescrito en las Convenciones Internacionales de La Haya
y de Ginebra. En cambio, reconocieron «la necesidad de defender al
Estado y a sus ciudadanos contra el impacto del terrorismo».
«El fallo de hoy (ayer) sienta un importante precedente para
otras demandas», dijo el abogado de los habitantes de las aldeas
perjudicadas, Mohamed Dahla, quien añadió que «la necesidad de
proteger la seguridad de Israel no justifica los perjuicios que
ello causa a los palestinos». El tramo en cuestión al norte de
Jerusalén, tal como estaba trazado, «habría aislado a 45.000
aldeanos de 5.000 hectáreas de sus tierras de cultivo, su única
fuente de ingresos», declaró Dahla.
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