El documento cree que los prisioneros se encuentran en centros
fuera de territorio de Estados Unidos y que algunos de ellos han
sido sometidos a torturas.
El informe los considera «desaparecidos» porque no tienen
posibilidad de acceso de abogados o de la Cruz Roja, sus familias
no han sido notificadas y, en cinco de los casos, las autoridades
estadounidenses ni siquiera reconocen tenerlos bajo custodia.
Reed Brody, un abogado perteneciente a esta organización, dijo
al presentar el informe que «si Estados Unidos acepta la tortura y
la desaparición de sus oponentes, abandona sus ideales y
obligaciones internacionales y pasa a ser un país de menor
entidad».
Brody reconoció que EEUU tiene derecho a combatir el terrorismo,
pero insistió en que los detenidos deben ser sacados a la luz
pública y «los culpables de delitos graves deben ser llevados ante
la justicia para ser sometidos a juicios justos».
Además, Brody recordó que las desapariciones fueron «un sello
característico de las dictaduras militares latinoamericanas durante
la guerra sucia» contra lo que consideraban elementos subversivos,
y ahora son «una táctica de Estados Unidos» en su lucha contra Al
Qaeda.
HRW afirmó que el Gobierno de Washington, al no divulgar el
paradero de algunos detenidos o no reconocer que los tiene en su
poder, ha violado varios tratados internacionales y la Convención
de Ginebra.
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