La fiscal de Milán (norte) Ilda Boccassini pidió ayer una condena
de ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para cargo
público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un
presunto delito de soborno a jueces en 1985.
Durante su alegato ante el tribunal milanés que está juzgado
este caso, la fiscal aseguró que existen pruebas más que
suficientes que demuestran que Silvio Berlusconi «pagaba a través
de (su empresa) Fininvest al juez Renato Squillante y a otro juez,
llamado Filippo Verde, para que le favorecieran en distintos
intereses».
En concreto, siempre según la acusación que mantiene la Fiscalía
de Milán, el primer ministro italiano Berlusconi pagó al magistrado
Squillante cierta suma para que impidiera la venta de la sociedad
alimentaria pública SME a un empresario rival, Carlo De
Benedetti.
El supuesto caso de corrupción se podría haber producido antes
de la entrada en política del hoy primer ministro, cuando se
dedicaba únicamente a los negocios.
El magistrado Squillante ya fue condenado a cumplir una condena
de ocho años de cárcel por este caso, mientras que el entonces
hombre de máxima confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su
vez condenado a cinco años de prisión por haber hecho de
intermediario en el soborno del juez.
En su petición ante el tribunal de Milán, la fiscal Boccasini
subrayó la gravedad del delito que imputa y afirmó que «la
corrupción de un magistrado toca el pilar fundamental en el que se
basa un Estado democrático».
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