Lord Thomas Bingham, cabeza del panel de jueces, explicó que la ley
contraviene la Convención Europea porque «permite la detención de
sospechosos internacionales de terrorismo de una manera que
discrimina en materia de nacionalidad o estatus de inmigración».
Más crítico, el juez Lord Leonard Hoffmann afirmó que «la verdadera
amenaza para la vida de una nación, en el sentido de la gente
viviendo de acuerdo con sus valores políticos y sus leyes
tradicionales, no viene del terrorismo, sino de leyes como éstas».
Los magistrados emitieron su dictamen en respuesta a la
apelación de nueve ciudadanos foráneos musulmanes que llevan
recluidos más de tres años en cárceles de este país, bajo sospecha
de delitos de terrorismo y sin un proceso judicial. La decisión
supone un duro varapalo para la política antiterrorista del
Gobierno del primer ministro, Tony Blair y, en particular, para el
ex titular de Interior David Blunkett, quien dimitió este miércoles
y fue el gran valedor de la polémica ley.
La llamada Ley Antiterrorista, de Crimen y de Seguridad fue
introducida por Blunkett como reacción a los atentados perpetrados
el 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, en el marco de
la guerra internacional contra el terrorismo. Desde la comisión de
esos ataques, diecisiete hombres han sido detenidos en virtud de la
ley, que permite a la policía arrestar a extranjeros si existen
«motivos razonables para sospechar» que tienen vínculos con grupos
terroristas.
Tras conocerse el fallo, el nuevo ministro del Interior, Charles
Clarke, indicó que el futuro de la ley depende ahora del
Parlamento, toda vez que los nueve detenidos seguirán, de momento,
encarcelados. «Será en última instancia el Parlamento el que decida
si y cómo deberíamos enmendar la ley», señaló Clarke, al subrayar
que los sospechosos continuarán en prisión porque hay «razones para
creer que son una amenaza importante para nuestra seguridad».
Amnistía Internacional afirmó ayer que la decisión de la Cámara
de los Lores llega «con tres años de retraso». «Ya nada puede
remediar que varias personas hayan permanecido detenidas sin cargos
ni juicio, principalmente a partir de pruebas secretas, durante
tres años», añadió.
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