Los magistrados de la Gran Cámara del Tribunal consideraron de
forma unánime que hubo una violación del artículo 6 de la
Convención, ya que además de no permitirse al acusado disponer del
tiempo y las facilidades para preparar su defensa, Ocalan tampoco
pudo contar con un abogado de su elección, por lo que su proceso no
fue «justo». El líder kurdo había denunciado que, tras haber sido
detenido el 15 de febrero de 1999 en Kenia, hasta el 23 de febrero
un juez del Tribunal de Seguridad de Ankara no decretó su detención
provisional.
En este sentido, señala que se violó la Convención Europea de
Derechos Humanos al ser condenado a muerte. Asimismo, la corte, con
sede en Estrasburgo (Francia), opina que también se violó su
derecho a recibir asistencia de un abogado durante su detención,
por lo que recomienda a Turquía que el acusado sea sometido a un
nuevo juicio.
Durante este tiempo, a Ocalan se le negó tanto el acceso a su
abogado en Turquía como a otros 16 letrados de Amsterdam que
querían visitarle en la prisión de Imrali, en Bursa, en la que está
detenido. Desde esta fecha, los contactos con sus abogados fueron
escasos y tampoco pudo consultar todos los documentos sobre su
caso.
Finalmente, el 29 de junio de 1999 el Tribunal de Seguridad de
Ankara le declaró culpable de actividades secesionistas y de
dirigir una banda armada con este fin, condenándole a la pena de
muerte.
Aunque en agosto de 2002 la Gran Asamblea Nacional de Turquía
decidió abolir la pena de muerte en tiempos de paz y el 3 de
octubre el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara conmutó la
pena capital por cadena perpetua para Ocalan, el Tribunal
Constitucional anuló en diciembre de 2002 la abolición de la pena
de muerte para los condenados por actos terroristas.
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