El ministro de Interior iraquí negó ayer las acusaciones que penden sobre su Ministerio por presuntas torturas cometidas contra los presos.

El ministro de Interior iraquí negó ayer las acusaciones que penden sobre su Ministerio por presuntas torturas cometidas contra los presos.

18/11/05 0:00
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EFE/FRANCE PRESS-WASHINGTON
El Congreso aprobó la dura «Ley Patriota» poco después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, y estipuló amplios poderes de investigación para el Departamento de Justicia y las agencias de seguridad y espionaje. Algunas de esas estipulaciones tienen vigencia limitada y en el debate sobre su extensión o expiración los grupos defensores de los derechos civiles han denunciado que el Gobierno estadounidense ha violado garantías constitucionales con sus investigaciones. Ahora lo de vigencia limitada pasará a ser de vigencia definitiva.

Otras tres estipulaciones -incluida las atribuciones del Gobierno para revisar qué leen los ciudadanos en las bibliotecas y qué libros compran- se extenderán durante siete años. También se extenderá por siete años la estipulación que permite que el Gobierno escuche las conversaciones telefónicas y espíe en otros tipos de comunicaciones -como las telefónicas inalámbricas- de las personas que el Departamento de Justicia considere sospechosas.

El acuerdo logrado ayer por los negociadores de ambas cámaras requeriría que el Departamento de Justicia informe de forma más adecuada sobre sus solicitudes secretas de información sobre los ciudadanos. Pero también deja intactas algunas de las estipulaciones más controvertidas de la ley, como el acceso del gobierno a los registros de bibliotecas y librerías para verificar qué leen las personas sometidas a investigaciones secretas. Los negociadores trabajaron hasta la madrugada de ayer y una vez que firmen el pacto se requerirá la aprobación final de ambas Cámaras en pleno, en votaciones que podrían tener lugar hoy. El acuerdo hará que pasen a ser permanentes 14 apartados de la Ley Patriota que expirarán a fin de este año si no las extiende el Congreso.

El acuerdo representa un paso positivo para la administración del presidente George W. Bush que en los últimos tres meses ha sufrido varios reveses y ha registrado una caída sustancial de la popularidad. La Unión de Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) calificó las modificaciones como «puro maquillaje», e indicó que no tocaron lo que esa organización considera como potenciales abusos en las investigaciones de terrorismo.