La Alta Comisionada expresó su preocupación por los informes de las agencias de la ONU en los que se llama la atención de la crisis humanitaria a la que se enfrenta la población palestina debido al recorte de la ayuda internacional a la Autoridad Palestina, y predijo un aumento en los niveles de pobreza, agravados por las restricciones de movimientos de bienes y personas en los territorios palestinos, incluida la ayuda humanitaria.
Según Arbour, «el creciente número de vidas perdidas, ya sea resultado de asesinatos selectivos o ataques terroristas, misiles de fabricación casera o disparos de artillería es inaceptable». «Los civiles, especialmente los más vulnerables, como niños, mujeres y ancianos, no deberían pagar el precio del incumplimiento de los Derechos Humanos y las obligaciones humanitarias», añadió la responsable de la ONU, en un comunicado.
Por ello, instó a Israel y a la Autoridad Palestina a que «reiteren su compromiso con los Derechos Humanos internacionales y el derecho humanitario» y a que «den prioridad a los Derechos Humanos en sus respectivas agendas». Para Arbour, el respeto de la ley y los derechos fundamentales debe garantizarse con el fin de que los ciudadanos «puedan vivir en un entorno en el que su protección de los ataques y su disfrute de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales estén garantizados».
En este sentido, Arbour subrayó que «como potencia ocupante, Israel tiene la responsabilidad, en virtud del derecho internacional humanitario (...) del bienestar de la población palestina en los territorios ocupados». Además, «Israel debería acatar el Acuerdo de Movimiento y Acceso referente al movimiento de bienes, incluida la ayuda humanitaria, hacia y desde la franja de Gaza».
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