Los estadounidenses conocen los datos de los 320 millones anuales de viajeros procedentes de Europa.

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EFE-LUXEMBURGO
La Comisión Europea calificó de «muy pequeño» el plazo que ha dado el Tribunal de Justicia de la UE para que modifique el acuerdo con EEUU sobre la entrega de datos de los pasajeros que vuelan a ese país con compañías aéreas europeas, pero afirmó que iniciará las consultas inmediatamente para cumplirlo.

La Comisión insiste en que la Corte no ha puesto en duda el contenido del acuerdo, sino sólo su base legal, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario, Johannes Laitenberger, que reiteró que se cumple con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que se refiere a la privacidad de sus datos personales, y con el compromiso de la UE en la lucha antiterrorista.

El Tribunal anuló ayer el acuerdo alcanzado en 2004 entre la UE y EEUU al considerar que no hay base legal adecuada ni para el texto en sí mismo ni para la decisión de la Comisión Europea por la que se declaró que Estados Unidos da una protección adecuada a dichos datos.

Por ello, decidió mantener la vigencia del acuerdo hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que se anulará y en la que deberá haber un nuevo convenio si se quiere seguir con esa transferencia de datos.

Fuentes de la embajada de Estados Unidos ante la UE afirmaron ayer que harán los esfuerzos necesarios con la Comisión Europea para «encontrar un enfoque provisional concertado sobre transferencia de datos que respete completamente la decisión del tribunal».

A raíz de los atentados terroristas del 11-S, EEUU adoptó una normativa que obliga a las compañías aéreas que operan en rutas con destino u origen en su territorio -unos 320 millones de personas cada año procedentes de países comunitarios-, o que lo atraviesan, a facilitar a las autoridades estadounidenses un acceso electrónico a los datos de sus pasajeros.

Al considerar que esto podía ser contrario a la normativa comunitaria sobre protección de datos, la Comisión negoció con las autoridades estadounidenses un acuerdo, que fue aprobado por el Consejo de ministros de los Veinticinco.

Pero el Parlamento Europeo pidió al Tribunal de Justicia de la UE la anulación del acuerdo al considerar que tanto la Comisión como el Consejo se habían extralimitado en sus competencias y que existía una violación de los derechos fundamentales.