En varias ocasiones dijo expresamente que el Gobierno rechaza la legalización generalizada de los extranjeros sin papeles y se mostró satisfecho de que el Tribunal Constitucional haya respaldado el texto de la ley por él presentada, argumento que empleó para contrarrestar la «agitación» de algunas asociaciones cívicas y la oposición política de izquierdas. Para justificar la negativa a una amplia regularización mencionó explícitamente la política llevada a cabo por España e Italia, dos casos a su juicio llamativos «porque han pasado de ser países de emigrantes a serlo de inmigrantes».
La comparecencia del titular de Interior tiene lugar mientras miles de familias se agolpan ante las prefecturas francesas para solicitar su regularización ante el hueco legal que se ha abierto para el caso de los que tengan hijos escolarizados.
En medio de la creciente polémica y la movilización de asociaciones ante posibles expulsiones de familias de extranjeros con niños en escuelas francesas, Sarkozy remitió a mediados de junio una circular a los prefectos en la que detallaba los criterios para otorgar permisos de estancia. Entre ellos figura que uno de los padres resida desde hace al menos dos años, que algún hijo esté escolarizado desde al menos uno, que el menor carezca de lazos con el país de origen de sus progenitores y que las familias hayan demostrado una verdadera voluntad de integración en la sociedad francesa, demostrada con el dominio del idioma y la ausencia de problemas con la Justicia.
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