Simultáneamente, el Senado ruso adelantó que debatirá el martes la posible adopción de sanciones económicas y energéticas a Georgia en represalia por la detención y encarcelamiento la semana pasada en Tiflis de los cuatro altos oficiales acusados de espionaje. El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el domingo a Georgia de «terrorismo de Estado» y describió la detención de los militares como una «toma de rehenes». El dirigente de la Duma rusa, Borís Grizlov, también tachó ayer de «terrorista» la política de Georgia y anunció que los diputados han redactado enmiendas legales para ceder al Gobierno la facultad de prohibir las transferencias bancarias y envíos postales de dinero a otros países como «instrumento de sanciones». La embajada norteamericana en Moscú declaró que Estados Unidos considera un «asunto bilateral» el conflicto diplomático abierto entre Rusia y Georgia e instó a ambos a «cooperar para solventar la crisis según las reglas internacionales vigentes». Pero esto no impidió que el jefe del Kremlin advirtiera ayer en conversación telefónica a su colega estadounidense, George W. Bush, del riesgo que supone la injerencia de terceros países en la región del Cáucaso, subrayando el carácter inadmisible y peligroso para la paz de que se produzcan estos hechos.
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