Soldados norcoreanos, patrullando ayer junto a su lancha la orilla del río Yalu, en la localidad de Sinuiju.

TW
0

FRANCE PRESS-SEÚL
El Gobierno de Pyongyang ya ha advertido de que la decisión de los «gánsteres» del Consejo de Seguridad sancionando a Corea del Norte por su supuesto ensayo nuclear del pasado lunes podría ser considerada una «declaración de guerra». Sin embargo, el representante norcoreano en la ONU aseguró ayer que su Gobierno está dispuesto a regresar a la mesa de negociaciones, tal como recoge la resolución.

En todo caso, no son pocos los expertos que temen que no será fácil poner en práctica las sanciones. Por una parte, los países vecinos de Corea del Norte mantienen amplias discrepancias respecto a cómo aplicarlas, sobre todo en lo que respectas a la inspección de todo cargamento que entre o salga del país para evitar el tráfico ilegal de armas de destrucción masiva.

El texto, pactado por EEUU y sus aliados con Rusia y China, establece la eliminación de todo el armamento nuclear norcoreano pero descarta expresamente cualquier intervención militar contra el país. La resolución prohíbe también a Pyongyang la importación y exportación de cualquier material que pudiera utilizarse en la fabricación de armas nucleares o misiles balísticos.

Además, ordena a todos los países que congelen los activos y prohíban los viajes a Corea del Norte de cualquier persona vinculada con los programas armamentísticos de Pyongyang. El texto emplaza a todos los países a inspeccionar las mercancías que entren o salgan del país para evitar cualquier tráfico ilegal de armas de destrucción masiva o de misiles balísticos.

De entrada, China ya ha anunciado que no piensa llevar a cabo tales inspecciones, mientras que Japón y Australia se han comprometido a hacerlas cumplir de inmediato, e inclusive han anunciado castigos más duros por su cuenta. Corea del Sur también ha prometido que aplicará las medidas, pero no ha ofrecido detalles sobre cómo piensa hacerlo.