De ahí que la llegada de Bulgaria y Rumanía coincida con la virulencia del debate sobre la capacidad de la UE para seguir aumentando de tamaño y la urgencia de hacer las reformas necesarias para gestionar un club cada vez más numeroso. «No podemos ampliar la UE eternamente sin reformar las instituciones», advertía en septiembre el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, certificando así que no habrá más ampliaciones hasta que se llegue a un acuerdo sobre la Constitución Europea.
Con la incorporación de las dos ex repúblicas socialistas, la UE pone punto final a su sexta ampliación, iniciada tras el fin de la guerra fría, culminada en mayo de 2004 con la entrada de diez nuevos miembros del centro y este de Europa y considerada el símbolo de la reunificación del Viejo continente.
La apuesta de ampliarse hacia el Este fue de tal envergadura que la UE tuvo que idear una reforma institucional para poder funcionar eficazmente con 27 miembros, reforma recogida en el Tratado constitucional ahora en barbecho por el rechazo de Francia y Países Bajos a ratificar el texto.
Esta tesis y el endurecimiento de las condiciones para los candidatos futuros fue asumida también por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre celebrada en Bruselas a mediados de diciembre, en la que se condiciona la ampliación a la capacidad de la UE para integrar nuevos miembros.
Pero además de la delicada situación que vive la propia UE, la adhesión de Rumanía y Bulgaria se producirá bajo estrictas medidas de control sin precedentes en anteriores ampliaciones. De hecho, las lagunas que los dos nuevos socios tienen en ámbitos tan delicados como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el control de los fondos estructurales y las ayudas agrícolas, han llevado al Ejecutivo comunitario a establecer un mecanismo de cooperación y verificación de los progresos en estas áreas.
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