El presidente hondureño, Manuel Zelaya, fue detenido ayer por las Fuerzas Armadas y posteriormente deportado a Costa Rica en un golpe de Estado en firme que culmina días de tensión en el país centroamericano por la decisión del presidente de convocar un plebiscito sobre la reforma de la Constitución, que debía haberse celebrado ayer mismo.
El referéndum, defendido por Zelaya como una mera «encuesta sin valor vinculante», contaba con la oposición del Poder Judicial hondureño, así como de algunos miembros de su propio partido, que temen que el presidente solicite la modificación de la Carta Magna para renovar su mandato más allá del 27 de enero de 2010, algo que el presidente hondureño siempre ha negado.
Fuentes del Congreso hondureño han desmentido que se trate de un «golpe de Estado», según la vicepresidenta del Congreso, Marcia Villeda, quien lamentaba el agotamiento de «todas las vías de diálogo» que habrían impedido que la crisis estallara.
Siguiendo órdenes del Supremo, 200 soldados se presentaron en el palacio presidencial de Tegucigalpa a las 06.00 horas para arrestar a Zelaya, que fue trasladado posteriormente a Costa Rica en su avión presidencial.
A continuación, el Ejército comenzó a retirar el material electoral de diversos municipios de Honduras mientras empezaban a registrarse algunos enfrentamientos de baja intensidad entre prozelayistas y militares y policía y cortes en el suministro eléctrico.
La ministra de Exteriores hondureña, Patricia Rodas, era también detenida por las fuerzas militares, el Tribunal Supremo asumía la responsabilidad de autorizar la detención de Zelaya «en defensa del imperio de la Constitución» y la Comisión Electoral anunciaba que mantenía para el próximo 29 de noviembre la fecha de las próximas elecciones generales.
A ultima hora de la tarde de ayer, el Congreso hondureño hacía pública una presunta carta de Manuel Zelaya en la que anunciaba su renuncia «irrevocable» a la presidencia por «problemas insuperables de salud y para sanar las heridas del ambiente político».
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