El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el comienzo de una «nueva etapa» en las relaciones con un «país hermano» como España a través del establecimiento de una «alianza energética de importante magnitud».
Maduro hizo este anuncio ante el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos, al comienzo de la reunión mantenida en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas.
El punto de partida de la nueva era entre ambos países será la firma de importantes contratos durante la reunión que se celebrará mañana (hoy) entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, Moratinos y los empresarios que le acompañan en su visita oficial al país sudamericano.
Los acuerdos más destacados serán el de Repsol YPF, que le abrirá las puertas a la exploración petrolífera en la Faja del Orinoco, el yacimiento más importante del mundo, y el del consorcio entre Iberdrola y Elecnor para construir una central de ciclo combinado en el estado de Sucre.
Otros acuerdos serán en materia ferroviaria, naval y de infraestructuras.
Este convenio permitirá a España comprar petróleo venezolano más barato con dinero que se destinará a un fondo para mejorar la tecnología de Venezuela.
Maduro destacó que su país está fijando las bases de un «nuevo concepto para el desarrollo de la seguridad y la estabilidad energéticas tanto en nuestra región como en países hermanos como España».
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron crear una comisión permanente para evaluar y resolver el centenar de casos de expropiaciones de fincas rurales e industriales a ciudadanos españoles por el Estado venezolano. La comisión se reunirá cada quince días a partir del 13 de agosto, cuando lo hará en Caracas, para ir repasando «caso a caso» y tratar de agilizar su resolución, explicó el ministro de Exteriores español.
Alrededor de un centenar de casos -unas 80 fincas agrícolas y ganaderas y 25 urbanas e industriales- están sin solucionar, de los que la mayoría afectan a ciudadanos canarios y gallegos residentes en la parte oeste de Venezuela.
La invasión y ocupación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños.
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