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El Gobierno portugués anunció nuevas medidas de austeridad, con recortes de pensiones, reducción de 30.000 funcionarios y ampliación de la jornada laboral y la edad de jubilación, que fueron rechazadas de inmediato por la oposición.

El primer ministro conservador luso, Pedro Passos Coelho, explicó las medidas en una alocución al país y subrayó que "están abiertas al diálogo" con la oposición, los empresarios y los sindicatos.

Pero advirtió que si Portugal no consigue bajar el gasto estatal volvería a verse "al borde la quiebra" y en peligro de abandonar la zona euro o pedir un segundo rescate financiero, tras el que solicitó en abril de 2011.

El Partido Socialista (PS), el principal de la oposición en Portugal y favorito ahora en las intenciones de voto, rechazó de inmediato los recortes e insistió en reclamar una renegociación de los compromisos financieros del país y medidas para generar crecimiento y empleo.

El secretario general del PS, Antonio José Seguro, calificó de "pésimas" las medidas anunciadas por Passos Coelho, y las consideró parte de la "tragedia de la austeridad".

El primer ministro, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede aplicar sin problemas su política económica, cifró en 4.800 millones de euros los ahorros que espera conseguir hasta 2015 con las nuevas "propuestas" para hacer el Estado sostenible y cumplir los compromisos del rescate.

Aunque en sus dos años en el poder, Portugal ya redujo el gasto estatal en cerca de 13.000 millones de euros, todavía hay un déficit muy elevado (del 6,6 %) y un problema de endeudamiento público (más del 120 % del PIB), recordó el primer ministro.

Passos Coelho consideró el ahorro público "crucial" para superar la crisis, generar crecimiento y empleo, y regresar a los mercados financieros cuando acabe, a finales de año, el programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por eso, explicó, hay que "tornar el Estado más eficaz y sostenible" con reducciones de gastos en los ministerios, el personal administrativo y el coste de la Seguridad Social.

Sus nuevas medidas prevén aplicar una carga contributiva especial a los pensionistas y ampliar el horario laboral de los funcionarios de 35 a 40 horas semanales, el mismo que en la empresa privada.

Además, la edad general de jubilación con todos los derechos retributivos se retrasará a los 66 años, aunque se mantiene legalmente en 65 años con una penalización en las prestaciones.

En las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad no se permitirá el retiro antes de los 58 años.

En la Administración se reducirán estructuras y gastos corrientes, se crearán nuevos sistemas de cualificación, contratación y suplementos salariales, y se prescindirá de 30.000 del cerca de medio millón de empleados públicos que tiene Portugal, cuya población es de 10,5 millones de habitantes.

El líder de los socialistas pronosticó, en una entrevista al canal luso de televisión TVI, que con esas medidas "va a haber más recesión y más desempleo".

Seguro negó además que Portugal vaya "por el buen camino", como afirma el Ejecutivo, y consideró que "va en una dirección equivocada; es necesario parar la austeridad".

El líder de los socialistas, que perdieron el poder en las elecciones anticipadas de hace dos años, tras el rescate financiero de Portugal, insistió en que "este Gobierno tiene que ser sustituido".

Pero según Pasos Coelho, el saneamiento financiero del Estado es "inevitable" y él ha optado por reducir el gasto público porque recurrir a subir más los impuestos perjudicaría la recuperación económica del país.

La alocución de Passos Coelho desveló otra tanda de las medidas de austeridad ya anunciadas de forma parcial varias veces el pasado mes de abril.

Los recortes se refieren tanto a una reforma estructural del Estado como a las medidas necesarias para compensar las que anuló hace cuatro semanas un fallo del Tribunal Constitucional, que abrió un agujero de 1.300 millones de euros en el presupuesto estatal luso.

La sentencia llevó al primer ministro a anunciar nuevos ahorros, sobre todo en partidas de gasto social, que generaron protestas en la calle y peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos.