El Papa crea un tribunal para juzgar a obispos en casos de pederastia

Las propuestas fueron autorizadas por el pontífice después de ser presentadas por el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal Sean O'Malley, y examinadas y aprobadas en estos días por el «C9», el grupo de cardenales que está ayudando al papa en la reforma de la Curia.

El pontífice, según explicó el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aprobó cinco propuestas en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía.

La primera es que en este tipo de delito será competencia de tres congregaciones, la de los Obispos, la de la Evangelización de los Pueblos y la de las Iglesias Orientales, que podrán recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso de poder.

Será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente de este delito en los obispos y se creará una nueva sección judicial en su interior dotada de personal fijo que trabajará ante el Tribunal Apostólico para estos casos.

El papa nombrará además un secretario para ayudar al prefecto (fiscal) respecto a estas nuevo procedimiento y quien será, de hecho, el responsable de esta nueva sección judicial, según explicó Lombardi.

«Esta sección y el personal se ocuparán también para los procesos penales por abuso de menores y de adultos vulnerables por parte del clero», añadió el portavoz.

Este nuevo procedimiento será aprobado para los cinco próximos años, tras los que se valorará su eficacia.

Hasta ahora no se podían denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por ello, en la última reunión del C9, O'Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.

O'Malley había pedido en aquella ocasión al papa y a la Comisión de cardenales que se está ocupando de la reforma de la Curia soluciones sobre «procedimientos» también del tipo jurídico y «competencias» para actuar cuando se crea existan casos de «abuso de poder, omisiones o coberturas» por parte de los responsables eclesiales ante delitos de abusos sexuales.