«Hamás cometió crímenes de guerra», concluye un documento israelí de 242 páginas redactado por una comisión de funcionarios de la Oficina del Primer ministro israelí y de los ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia.
El informe analiza los aspectos legales, políticos, de derechos humanos y de contexto histórico durante 51 días de guerra, y se convierten un acta de acusación a las milicias palestinas sobre las razones y consecuencias de la que fue la tercera ofensiva israelí de gran envergadura desde 2007.
El movimiento islamista, principal blanco de los ataques, no ha tardado en rechazarlo y alega que «forma parte de los intentos de la Ocupación (Israel) para cambiar su imagen y darle la vuelta a los hechos con el objeto de mostrar que no cometió crímenes de guerra».
Para la ANP el informe es «coherente» con lo que «Israel hizo en Gaza» entre julio y agosto de 2014 y uno de sus portavoces aseguró que los palestinos seguirán exigiendo una investigación internacional.
Según las conclusiones israelíes, Hamás y las otras milicias adoptaron una estrategia destinada a trasladar el campo de batalla a zonas urbanas para conseguir «una ventaja táctica» en las hostilidades y anotarse «un logro político».
Así lo indican «los manuales de combate y entrenamiento de Hamás que cayeron en poder del Ejército israelí en Gaza», señala el documento al volcar en ese movimiento toda la responsabilidad de un conflicto en el que murieron unos 2.100 palestinos y 73 israelíes.
Según organismos internacionales, la mayoría de los muertos en Gaza fueron civiles, dato que el informe desafía al denunciar que Hamás «ocultó la verdadera identidad de milicianos» e «infló las cifras para beneficiarse estratégicamente».
«El Ejército estima que al menos 936 eran milicianos (44% del total), y 761 (36%) civiles; los esfuerzos siguen para clasificar a los 428 restantes (20%)», asevera el informe.
Atribuye además las víctimas civiles a la táctica de Hamás de «entremezclar operaciones militares con el entorno civil», como por ejemplo con el uso de mezquitas por francotiradores, la utilización de escuelas como almacenes de armas y el lanzamiento de cohetes desde posiciones anexas a población civil.
Durante la guerra las milicias palestinas llegaron a disparar más de 4.500 cohetes y proyectiles de mortero que amenazaron a más de un millón de israelíes en un radio de más de cien kilómetros alrededor de la franja.
«Este informe demuestra de forma inapelable que las actividades del Ejército se hicieron de acuerdo al derecho internacional», dijo hoy Netanyahu al recibir una copia durante la sesión semanal del Consejo de ministros.
Su publicación está relacionada con la esperada difusión, mañana, de las conclusiones de una comisión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en las que se espera una dura crítica al comportamiento de Israel.
Declaraciones y resoluciones anteriores del Consejo, que Israel considera altamente politizado, han acusado a este país de «crímenes de guerra» tanto en esa guerra como en anteriores actuaciones de sus fuerzas de seguridad.
Medios locales conjeturan en ese sentido que el Gobierno de Netanyahu ha querido adelantarse con sus propias conclusiones que, para Hamás, sólo tratan de mostrar «que los palestinos son los criminales», a decir de su portavoz Sami Abu Zuhri.
«El informe da la vuelta a lo que sucedió, ni más ni menos. Publicarlo no ayudará en nada a la Ocupación (Israel) a esconder los crímenes de guerra israelíes que se cometieron ante las cámaras de los periodistas», añadió este portavoz al recordar la muerte de cuatro niños en un bombardeo de una playa, caso que el fiscal militar israelí cerró hace unos días.
Según datos de la ONU, unos 540 menores de edad murieron en los ataques israelíes, que causaron una gran devastación en la franja y desplazaron a cientos de miles de civiles, lo que generó en su día un mar de críticas.
Por el contrario, en defensa de Israel salió el viernes un grupo internacional de once expertos militares y diplomáticos de alto rango - entre ellos los españoles Rafael Bardají y José María Terán, ex jefe del Estado Mayor Conjunto -, que consideraron que «Israel respetó los cánones internacionales.
«No sólo observó razonablemente el derecho de guerra sino que en muchos casos superó significativamente los estándares aceptados», escribieron en un documento propio redactado tras visitar la zona en mayo pasado, por invitación de la ong pro-israelí UN Watch.
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