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Las autoridades tailandesas han señalado este domingo a los partidos políticos de la oposición de la cadena de atentados que esta semana ha sacudido zonas turísticas del país, descartando la implicación de la insurgencia islamista.

El Consejo Nacional para la Paz y el Orden, la junta militar que gobierna Tailandia desde hace dos años, ha revelado que las primeras investigaciones apuntan a los partidos políticos afectados por el golpe de Estado.

El subdirector de la Policía, Pongsapat Pongcharoen, ha asegurado en rueda de prensa que estos ataques están «claramente conectados». «Fueron llevados a cabo por un grupo en varias zonas simultáneamente y siguiendo órdenes de una sola persona», ha afirmado.

El Consejo ha descartado que los hechos estén relacionados con la insurgencia islamista que actúa en las tres provincias del sur, a pesar de que los explosivos usados son similares, o con el terrorismo internacional.

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Noppadon Pattama, del Pheu Thai, el partido del derrocado Gobierno de la primera ministra Yingluck Shinawatra, ha negado cualquier implicación. «Son calumnias y difamaciones», ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario local 'Bangkok Post'.

Hasta ahora, un «sospechoso» y seis «activistas» han sido detenidos por los 13 ataques con bomba y los cuatro incendios que entre el jueves y el viernes sacudieron las principales zonas turísticas de Tailandia, dejando cuatro muertos y 35 heridos.

Tailandia lleva sumida más de una década en una grave crisis política, que comenzó con el golpe de Estado de 2006 que puso fin al mandato del entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, y que se agravó en 2014 cuando el jefe del Ejército, el general Prayuth Chan Ocha, derrocó al Gobierno de su hermana Yingluck, que había sido cesada como primera ministra días antes por decisión del Tribunal Constitucional.

La junta militar ha restringido las libertades civiles y los derechos fundamentales y ha impulsado una Constitución que refuerza el papel de las Fuerzas Armadas y su control sobre el poder civil, a la espera de que se celebren unas nuevas elecciones democráticas en 2017.