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Suecia anunció este miércoles que indemnizará a los 4.741 gitanos incluidos en una base de datos policial considerada ilegal y discriminatoria por los tribunales.

En septiembre de 2013 el periódico Dagens Nyheter, el principal rotativo sueco, destapó que la Policía de Escania (sur de Suecia) había elaborado un registro ilegal, que incluía a casi 5.000 personas de etnia gitana, entre ellos un millar de niños.

La Procuradoría General de Justicia no recurrirá al Tribunal Supremo el fallo de Apelación que dio la razón a once personas que habían presentado una demanda el año pasado y que condenó al Estado a pagar 30.000 coronas suecas (casi 3.300 euros) a cada una.

La demanda fue presentada porque los querellantes consideraban insuficiente una decisión anterior de las autoridades, que aceptaban pagar a cada uno de los registrados 5.000 coronas (512 euros).

«La sentencia de Apelación afecta solo a once demandantes. Pero la Procuradoría estima que el fallo implica que todos los incluidos en el registro tienen derecho a una indemnización de 35.000 coronas, porque no es posible comprobar el peso de la cuestión étnica en cada caso individual», consta en un comunicado.

La indemnización total ronda los 166 millones (17 millones de euros), una cifra considerada histórica por Civil Right Defenders, la organización que representó a los demandantes en los tribunales.

«Han sido sometidos a una violación grave, y aunque es tarde, es positivo que el Estado asuma finalmente su responsabilidad en lo ocurrido», señaló en un comunicado el director ejecutivo de esta organización, Robert Hårdh.

Fred Taikon, uno de los demandantes, dijo a medios suecos que la decisión es «un gran paso en la dirección correcta».

En la primera sentencia, de junio del año pasado, la jueza señaló que había «fuertes motivos» para suponer que ese listado obedecía solo a cuestiones étnicas y lo calificó de «especialmente insultante» por la historia de registros y persecuciones de gitanos «en Suecia y en el mundo».

La indemnización será descontada de la asignación estatal a la Policía, según reveló la Procuradoría General.