La Oficina publicó este miércoles un informe en el que se detalla el proceso de identificación de las firmas, aunque no se las cita explícitamente, con el argumento de que aún no ha podido ponerse en contacto con todas ellas.
Indicó que, una vez haya consultado con todas las empresas, publicará sus nombres, lo que puede eventualmente acarrearles un boicot, dada la actividad ilegal de los asentamientos.
Esta agencia revisó en total 321 compañías y, tras rechazar muchas por no tener vínculos directos, la lista incluye finalmente a 206: 143 domiciliadas en Israel o los territorios ocupados, 22 en Estados Unidos, y el resto en otros diecinueve países.
Definió diez actividades en los territorios ocupados que o «están directamente ligadas a los asentamientos ocupados o forman parte del proceso de permitir y apoyar el establecimiento, expansión o mantenimiento de comunidades residenciales israelíes», según un comunicado.
El informe responde a una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pidió a esta Oficina su redacción tras concluir una misión de investigación establecida por el mismo órgano en relación a que «varias empresas directa o indirectamente permiten, facilitan o se aprovechan de la construcción y el crecimiento de los asentamientos».
Tanto la comisión de investigación como el Consejo subrayaron que los asentamientos son ilegales bajo la ley internacional.
La misión de investigación estableció diez actividades que las firmas podrían realizar para ser consideradas entre aquellas que colaboran con los asentamientos, criterios que la Oficina ha usado para discernir la implicación de las compañías.
«Las violaciones de los derechos humanos asociados con los asentamientos son perversas y devastadoras y alcanzan todas las facetas de la vida de los palestinos», destaca el informe.
Añade que, «a causa del desarrollo de los asentamientos, los palestinos sufren restricciones a su libertad de religión, movimiento y educación; sus derechos a la tierra y al agua y muchos otros derechos fundamentales».
El texto subraya que las compañías tienen un «rol esencial» en que se incremente el establecimiento, mantenimiento y expansión de los asentamientos.
Subraya que, ante el consenso de que los asentamientos son ilegales, no es posible para las empresas colaborar con su mantenimiento sin violar la normativa internacional.
Asimismo, niega el argumento de muchas compañías de que los asentamientos dan empleo a los palestinos.
«La presencia de los asentamientos lo que hace es debilitar la economía palestina», afirma el documento y recuerda que las firmas que operan en territorios ocupados deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos, y que estos están siempre por encima de regulaciones nacionales.
Advierte de que las compañías que incumplan con las directrices establecidas en la ley internacional deben estar preparadas para «aceptar cualquier consecuencia, sea esta de reputación, financiera o legal».
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