Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, «se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional».
Por todo ello, ha decidido abrir una investigación preliminar contra Guaidó y, para asegurarla, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que apruebe tres medidas cautelares: prohibición de salida del país y de enajenación de bienes y bloqueo de activos.
Saab ha subrayado que el objetivo de estas medidas cautelares es permitir al Ministerio Público seguir recabando «el suficiente y total elemento de convicción» para «detener estos actos que han dañado la paz de la República, nuestra economía y el patrimonio nacional».
Las medidas cautelares no incluyen su detención, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.
Interrogado por la prensa sobre cómo interpreta este paso de la Fiscalía, Guaidó le ha restado importancia. «No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así, (pero no hay) nada nuevo bajo el sol», ha declarado, apuntando que en realidad no es una «amenaza» contra su persona, sino contra toda la Asamblea Nacional.
El jefe del Parlamento ha lamentado que «la única respuesta» del Gobierno de Maduro a la actual crisis sea la «represión». «(Es) una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo, que Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente consciente de lo que sucede en Venezuela», ha recalcado.
Además, ha defendido las últimas sanciones dictadas por la Casa Blanca sobre Venezuela, que se dirigen específicamente contra la petrolera estatal con el objetivo declarado de poner los activos del Estado venezolano bajo jurisdicción estadounidense en manos de Guaidó.
«Vimos cómo desangraron nuestra industria petrolera. Lo que estamos haciendo es proteger la industria», ha defendido y ha avanzado que, «una vez cumplido el ultimátum de Europa, solicitaremos (a la UE) que también se protejan los activos» venezolanos en territorio comunitario.
CRISIS POLÍTICA
Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición venezolana ni gran parte de la comunidad internacional reconocen porque consideran que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.
Se ha fijado como 'hoja de ruta' cesar la «usurpación del poder» y crear un gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones «libres». Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como «presidente encargado» y le han ofrecido su apoyo en esta «transición democrática».
La UE, por su parte, ha acordado reconocer a Guaidó como mandatario interino si Maduro no convoca nuevas elecciones, «con las garantías necesarias, en los próximos días». Reino Unido, Alemania, Francia y España le han dado un plazo de ocho días que expira el sábado.
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