El independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha monitoreado el estallido social desde que comenzó en octubre de 2019, aseguró que el joven se encuentra estable y solicitó a los Carabineros que «se aclare la situación».
Imágenes registradas por un canal de televisión muestran como el joven cae al canal de un río sin apenas caudal de agua tras ser arrojado por la baranda de un puente a manos, presuntamente, de un agente policial durante una manifestación en la capitalina Plaza Italia.
La institución de Carabineros, que inicialmente desmintió «rotundamente» las imágenes, reconoció la participación de un policía que ya está «claramente identificado», y según indicó el general Enrique Monrás, se consultarán las imágenes registradas por las cámaras de vídeo corporales que portan los agentes.
Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, según confirmó la gerente de la División de Víctimas de la Fiscalía, Erika Maira.
La Defensoría de la Niñez, ente autónomo que vela por la protección de los menores, aseguró que se querellará por delitos de homicidio frustrado contra el agente involucrado y solicitó que se recabaran más pruebas.
Los carabineros han detenido a 20 personas en el marco de una manifestación que se ha desarrollado en esta plaza por desórdenes. En ella, un centenar de personas se ha reunido en torno al monumento del general Manuel Baquedano.
El carabinero que empujó a un joven manifestante de 16 años al río Mapocho en Santiago de Chile ha sido detenido este sábado por estar involucrado en un posible delito de homicidio frustrado.
La Fiscalía chilena ha establecido que "hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos" y el caso está siendo investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía. Carabineros ha señalado también que se están revisando las cámaras que portaban los agentes.
El agente involucrado reconoció el hecho y había sido destinado a realizar funciones administrativas, según ha informado el diario chileno La Tercera.
Este episodio reavivó las críticas contra las autoridades policiales, que desde el inicio del estallido social en Chile, en octubre de 2019, han sido fuertemente cuestionadas por sus actuaciones a la hora de reprimir las protestas.
«En estas imágenes no hay espacio para posiciones políticas. El uso institucional de la fuerza implica responsabilidad», aseguró la diputada oficialista, Ximena Ossandón, en su cuenta de Twitter.
El ministro de Interior, Víctor Pérez, ha hecho un llamamiento a no anticipar juicios mientras siguen en curso las investigaciones sobre lo sucedido.
«Las investigaciones tienen que llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de carabineros, si los hechos son constitutivos de delito o no. Son el Ministerio Público y los tribunales de Justicia los que deben arribar en esa materia», ha apostillado Pérez.
La gravedad de los hechos llevó a un grupo de la oposición a solicitar, una vez más, la renuncia del cuestionado director general de Carabineros, Mario Rozas, que también ha sido blanco de críticas a través de redes sociales.
«Bajo su mandato se han violado los derechos humanos de manifestantes en nuestro país, desde el estallido social hasta la fecha», sentenció Raúl Soto, diputado del opositor Partido por la Democracia (PPD).
Rozas, máxima autoridad de la institución policial, ha rechazado de forma categórica en varias ocasiones los posibles excesos policiales cometidos por algunos funcionarios policiales.
Desde el inicio del estallido social en Chile, el cuerpo policial ha estado en el punto de mira y ha sido acusado por organismos internacionales como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Right Watch (HRW) por hacer un uso excesivo de la fuerza y cometer graves violaciones a los derechos humanos en las marchas.
Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó en 2019 como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
Las revueltas han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
2 comentarios
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A Xile, tenen el mateix problema que Espanya, el final de la dictadura no va entrar ni en els carabiners, ni en els jutjats. La possible condemna ò sanció administrativa, serà molt lleu.
América Latina es un paraíso para los delincuentes de uniforme.