El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros (2,1 billones de dólares) para hacer frente a las consecuencias de la covid-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
«Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías», escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.
En la misma red social, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su satisfacción por que los casi dos billones de euros del plan servirán para «impulsar nuestra recuperación y construir una UE más resiliente, verde y digital».
Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes comunitarios aprobaron un documento de conclusiones que clarifica que la condicionalidad del Estado de derecho se aplicará de forma «objetiva, justa e imparcial» a todos los países y que, si alguno de ellos recurre esta legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer penalizaciones hasta que haya una sentencia.
Sin embargo, no se modifica la regulación en sí misma, que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país en caso de que se produzcan violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto comunitario, si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los socios de la Unión Europea.
Esto debería allanar el camino para que la Eurocámara, que ha rechazado tajantemente cambiar este mecanismo, acepte la solución y de luz verde al marco financiero.
No obstante, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ya ha advertido de que analizarán el compromiso desde el punto de vista legal.
El acuerdo deberá ser aprobado mañana formalmente en una reunión de embajadores comunitarios de los Veintisiete, aunque esto se considera un mero trámite formal, habida cuenta del visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
En concreto, las conclusiones adoptadas por los líderes señalan que la Comisión elaborará unas directrices para aplicar este mecanismo de condicionalidad consultando con los Estados miembros y, en caso de que alguno de ellos pida al TJUE la anulación de esta regulación, las directrices solo podrán finalizarse una vez que haya una resolución judicial para tener en cuenta la opinión de la corte. Y hasta que estas directrices no concluyan, la Comisión no podrá proponer medidas bajo este mecanismo, lo que en la práctica supone que, si Budapest o Varsovia recurren a los tribunales europeos, Bruselas no podrá proponer penalizarles, aunque lo viera necesario, hasta que haya una sentencia.
Hungría y Polonia han sido expedientados por Bruselas por problemas con la independencia judicial, la libertad de prensa o el respeto a las minorías.
6 comentarios
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@ azrael. ¡¡¡Mala suerte !!!! .... Ninguno de esos países dejaría vivir a un gorrón exiliado del dinero de los contribuyentes. Buen viaje.
Ya era hora que a estos ultras los cuadrasen,lo que le ha dicho UE,es que ellos tampoco van a recibir ninguna ayuda monetaria,asi lo que veo,es que se han bajado los pantalones.
!!Seguro que los medios de comunicación comprados, nos venderán la noticia como un logro del CONDUCATOR!!!
Pues vaya regate a los "fachas"
Esos gobiernos ultraderechistas amparados por EEUU no deberían estar en la UE.
Mala suerte!!!!