Es una de las líneas rojas fijadas por los eurodiputados de cara a la negociación que la Eurocámara iniciará ahora con los Veintisiete y la Comisión Europea con el objetivo de que el nuevo certificado esté a punto antes de que acabe junio, de modo que sirva de impulso al sector turístico en la temporada de verano. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha evitado aclarar por ahora si el Gobierno está de acuerdo con la petición del Parlamento Europeo.
El mandato de negociación, que se votó el miércoles aunque el resultado se ha conocido este jueves, salió adelante con una amplia mayoría de 540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones.
El texto pide también cambiar el nombre para que sea más descriptivo (Certificado UE COVID-19) y corrija la errónea impresión de que tiene relación con cuestiones medioambientales como ocurre con el nombre propuesto de salida (Certificado Verde Digital).
El Ejecutivo comunitario está convencido de que es «realista y factible» lograr el acuerdo a tiempo y que su desarrollo técnico esté también a punto para junio, ha dicho un portavoz comunitario tras el voto de la Eurocámara.
Sobre el precio de los test, el portavoz ha recordado que no es un asunto que Bruselas lleve en su propuesta inicial porque el precio de los medicamentos es un asunto que recae exclusivamente en las competencias de los Estados miembro.
Los eurodiputados coinciden con Bruselas y el Consejo en que debe ser un documento gratuito para todos, que se podrá expedir en formato físico o digital, y que en ningún caso deberá ser entendido como un «pasaporte» que abra fronteras, sino como un documento con información médica para adaptar al viajero las restricciones por pandemia.
El certificado servirá a su titular para certificar si ha sido vacunado -con qué suero y cuándo-, si está inmunizado porque ha superado ya la enfermedad o, como tercera opción, si cuenta con un test diagnóstico negativo realizado en las 72 horas previas al viaje.
Por eso, los eurodiputados advierten en su posición de negociación que creen que los test vinculados al certificado deben ser «universales, accesibles y gratuitos» para todos los europeos, para evitar que las personas que no han sido vacunadas sufran una discriminación de tipo económico.
En una resolución no legislativa que se adopta también este jueves en el mismo pleno, los eurodiputados van más allá y apuestan por la gratuidad también de los test que no se realizan en el marco del certificado de inmunidades, en especial en los casos de trabajadores expuestos en primera línea, como sanitarios -y pacientes- y el personal de escuelas, universidades y guarderías.
La misa resolución pide que se introduzca un límite máximo temporal de precios para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 que no se lleven a cabo para la obtención del certificado.
Durante la negociación con los Estados miembro y Bruselas, el Parlamento defenderá además que los titulares del certificado no deberán estar sujetos a restricciones adicionales, por lo que deberán quedar exentos de la obligación de cuarentenas, autoaislamiento o test adicionales a su llegada a destino. Además avisan de que toda iniciativa adicional que un Estado miembro quiera poner en marcha apoyándose en el certificado deberá hacerlo en línea con el mismo marco legislativo.
En el debate previo a la votación, el presidente de la comisión parlamentaria de Justicia e Interior y ponente de la posición de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, avisó de que este documento de inmunidades no deberá ser utilizado por los países para filtrar, por ejemplo, el paso a restaurantes, cines u otros espacios públicos.
En cuanto a las vacunas reconocidas por el certificado, los eurodiputados piden que solo sean expedidos a pacientes que hayan sido inoculados con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), aunque deja la puerta abierta a que cada país decida si reconoce otros certificados emitidos por Estados miembro para vacunas recogidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, los certificados deberán estar verificados, igual que sus sellos electrónicos, para evitar el fraude y la falsificación y los datos personales obtenidos para la expedición del certificado no podrán almacenarse en el país de destino y no habrá una base de datos centralizada en la UE.
La lista de organismos que procesarán y recibirán los datos será pública, para que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a la protección de datos, en el marco del Reglamento General de Protección de Datos.
España no desvela su postura
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha evitado aclarar por ahora si el Gobierno está de acuerdo con la petición del Parlamento Europeo.
La jefa de la diplomacia ha asegurado que el Gobierno se congratula de que la aprobación del certificado digital con vistas a facilitar la movilidad dentro de la UE está «cada vez más cerca» de ser refrendado por el Parlamento Europeo puesto que es algo que ha venido impulsando «desde el primer momento».
No obstante, ha incidido en que todavía hay una «negociación en marcha» para determinar entre otras cosas qué tipo de test se podrán incluir y en qué condiciones se realizarán.
En este sentido, «ha habido algunas sugerencias de algunos parlamentarios sobre la gratuidad de los test, también de cuándo y cómo se van a imponer las cuarentenas» pero se trata de «hipótesis de trabajo sobre las que no nos vamos a pronunciar antes de ver el resultado de esta discusión», ha puntualizado.
En otro orden de cosas, González Laya ha indicado que está avanzando «a buen ritmo y de manera satisfactoria» la propuesta realizada por España para la elaboración de «un marco común para la vuelta a la normalidad en la OCDE», de la que forman parte países como Estados Unidos, Canadá o Noruega que para España son importantes y no son miembros de la UE. «Esta discusión paralela es también muy importante para nosotros», ha señalado.
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