«¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo», ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de este miércoles, tras una madrugada de negociaciones sobre los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes hasta que se resuelve cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado en un comunicado en las redes sociales que «el 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia» porque se ha logrado un acuerdo fundamental para la gestión migratoria y del asilo en la Unión Europea. «Estoy muy orgulloso de que con el Pacto sobre Migración y Asilo hayamos logrado ofrecer soluciones», ha apuntado.
«Todas las piezas han encajado en su lugar. Es un punto de inflexión en los cinco pilares clave del Pacto de Migración y Asilo. Ha sido un largo camino pero lo logramos», ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de migración, Margaritis Schinas, sobre un acuerdo político que requerirá aún de trabajo técnico en las próximas semanas para ser finalizado.
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El modelo de solidaridad 'a la carta' también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo -y países como España e Italia en un primer momento- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.
Entre los principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros. También tuvieron que resolver las diferencias en la última ronda sobre el reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección y el temor de los eurodiputados a que al permitir ese 'screening' dentro del territorio de la UE pudiera dar lugar a discriminación de personas controladas.
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