«Por el momento, aparentemente, no está creando consecuencias en precios energéticos e inflación, pero creemos que debería ser monitorizado muy de cerca porque estas consecuencias podrían materializarse en las próximas semanas», afirmó justo antes de un encuentro en el que los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro analizarán la situación.
El comercio en el mar Rojo se ha visto perturbado por los ataques perpetrados desde mediados de diciembre por los rebeldes hutíes del Yemen contra buques que consideran vinculados a Israel, como respuesta a la intervención militar israelí en la Franja de Gaza, a los que han respondido los Estados Unidos y el Reino Unido con bombardeos contra el grupo yemení.
«Estamos siguiendo sin ninguna duda las evoluciones en la crisis del mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores, relacionados con los precios de los fletes, posibles perturbaciones en cadenas de suministros», dijo también el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo.
En declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión, Cuerpo dijo que los socios europeos son «muy conscientes de que es un elemento muy importante» y sobre el que hay que «estar muy encima por su posible impacto» en términos tanto macroeconómicos como de precios. «Estamos haciendo un seguimiento pormenorizado y continúo y será seguro parte de las conversaciones en la tarde de hoy por su posible impacto en España y el resto de países europeos», dijo.
Cuerpo, que asistió a su primer Eurogrupo como ministro, explicó por otro lado que el Gobierno sigue trabajando tanto «a nivel doméstico» para cumplir con el compromiso del plan de recuperación relacionado con el decreto del subsidio de desempleo que no fue convalidado la pasada semana por el Congreso, como en conversaciones con la Comisión Europea para obtener luz verde al cuarto desembolso de ayudas europeas.
La entrada en vigor del decreto era uno de los 60 hitos que tenía que cumplir España para poder recibir el cuarto tramo del fondo de recuperación, que el Ejecutivo solicitó el pasado diciembre y está cifrado en 10.000 millones de euros, aunque Bruselas podría reducir este montante por la no convalidación de la reforma del subsidio del desempleo en el Parlamento.
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