«Se están peleando con los votantes por seguir la ideología antiinmigrante de Donald Trump. No les importa si pierden los votos de esos ciudadanos estadounidenses afectados», dijo a EFE Raúl Hinojosa, profesor de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Los gobernadores de 16 estados republicanos, liderados por Texas, están en el ojo del huracán después de demandar al Gobierno del presidente demócrata Joe Biden para detener el programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los conservadores ya lograron que un juez detuviera las solicitudes a menos de una semana de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) abriera las inscripciones. «Esta es la clásica definición de darle la espalda a su propio pueblo que se beneficiaría grandemente con este programa», consideró Angélica Salas, directora de Chirla Action Fund, el brazo político de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. La activista manifestó a EFE, que «lo más oscuro» de esta batalla legal es el tinte político de oponerse a toda medida migratoria positiva simplemente porque el partido que lo propone es el opuesto.
En ese sentido, Miguel Tinker Salas, analista político y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, advirtió de que la demanda contra las familias inmigrantes se une «a la larga lista» de las acciones tomadas por los republicanos contra programas que benefician directamente a un grupo de votantes, como quienes tienen préstamos estudiantiles. «Son decisiones calculadas para satisfacer a su base política, sin importarles que van a sacrificar a otros votantes, no les interesa escuchar razones», dijo a EFE el catedrático. Y es que, el programa migratorio es uno de los pocos que está ligado directamente a un ciudadano estadounidense y por ende a un votante.
La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros podrían acogerse a ese programa. Pero en la demanda los republicanos aseguran que el programa «permitiría a 1,3 millones de inmigrantes indocumentados, más de 200.000 de los cuales viven en Texas» obtener un beneficio migratorio «ilegal». «No tiene lógica ir en contra de 1,3 millones de ciudadanos, solo porque su cónyuge es un indocumentado. Eso es atentar contra la familia y la economía del propio país», indicó Hinojosa, autor de 'La paradoja Trump', un libro que rastrea y analiza los datos electorales desde 2016.
El profesor de UCLA destacó el poco conocimiento por parte de los republicanos y seguidores de Trump sobre los indocumentados. En su investigación encontró que cuanto menor era la interacción de las comunidades con los inmigrantes más negativa era la percepción hacia ellos. A pesar de esto, los votantes siguen favoreciendo una reforma migratoria que beneficie a los inmigrantes indocumentados, subraya Tinker Salas. Alrededor de seis de cada diez votantes registrados (59 %) dicen que a los inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos se les debería permitir permanecer en el país legalmente, según la más reciente encuesta del Centro Pew.
Para María Teresa Kumar, directora de Voto Latino, la pelea de los republicanos contra el programa migratorio «es solo otro ejemplo de la amenaza» que representaría para la comunidad latina y para la democracia que el expresidente Trump (2017-2021) derrote en las urnas el próximo 5 de noviembre a la demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos.
La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Trump, se unió a los estados republicanos en la demanda. «Esta es una gran victoria en nuestra batalla judicial para bloquear el decreto ejecutivo de Biden-Harris que da a más de 1 millón de inmigrantes ilegales un camino hacia la ciudadanía estadounidense», dijo Miller en un comunicado tras el bloqueo temporal, sin mencionar a los cónyuges de los afectados, que son ciudadanos estadounidenses.
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