Las acusaciones en el «caso Calvià» han reiterado que no «cabe» la
posibilidad de aplicar el beneficio de la prescripción para el
supuesto soborno cometido por Francesc Gilet y Eduardo Vellibre
debido a que ese delito ha registrado un cambio de calificación
jurídica, por el de «soborno para cometer un acto injusto».
El titular del Juzgado de lo Penal número dos de Palma, Javier
Mulet, tendrá que pronunciarse sobre el denominado «caso Calvià», a
partir del inicio del juicio oral, previsto para el próximo 11 de
enero. Comparecerán en calidad de acusados los dos ex dirigentes
del PP balear, Gilet y Vellibre, para quienes las acusaciones piden
cuatro meses de prisión menor y cien millones de pesetas en
concepto de multa.
El fiscal, por su parte, ha reiterado en su escrito de
calificación que la causa debe ser archivada por prescripción del
supuesto delito juzgado. Esa misma tesis defienden los abogados
defensores Antoni Monserrat y Javier Clastres. Los abogados de las
acusaciones, en cambio, señalan que el cambio de calificación
jurídica invalida la posibilidad de prescripción, y asegura que, en
todo caso, «será una cuestión en la que tendrá que pronunciarse el
juez en el desarrollo del juicio oral».
Entre los testigos propuestos para que comparezcan en el juicio
destacan los dos ex presidente del Govern Balear, Gabriel Cañellas
y Cristòfol Soler.
La defensa de Gilet también pide que se incorporen las
documentales relativas a las causas que se siguen contra Andrés
Pizá, tanto la de IMISA (por el presunto delito de injurias) y la
del propio Gilet por el supuesto delito de falsedad en documento
oficial.
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