16/01/99 0:00
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La Ley General de Turismo del Govern balear ha motivado una reacción adversa por parte de los hoteleros mallorquines por cuanto estos últimos consideran que el texto no se ha consensuado y discrepan con parte del articulado. Además, se da la circunstancia de que un error de cálculo hizo que el presidente Jaume Matas creyera que el texto estaba consensuado, hecho que ha provocado las críticas inmediatas de la oposición. Bien es verdad que el sector se muestra de acuerdo con la filosofía establecida por el Ejecutivo autonómico, en el sentido de que debe modernizarse la planta hotelera, limitar el crecimiento y mejorar la calidad del turismo.

Frente a todo ello cabe señalar que, evidentemente, ha existido un fallo de comunicación con el sector. Es éste un hecho que no escapa a nadie. Ahora bien, las leyes deben ser establecidas por el poder Ejecutivo atendiendo al bien común. No podemos esperar que sea el sector, como sucedía hace algunos años, el que imponga sus criterios.

También es cierto que las partes implicadas en un proyecto legislativo pueden ser escuchadas y que, en determinadas circunstancias, deben serlo. En este sentido son positivas las manifestaciones y el talante del presidente de la Federación Hotelera de Mallorca en las que se puso de manifiesto la intención de dialogar con el Govern sobre el contenido y posibles modificaciones de la Ley.

Claro está que el sector hotelero debe abandonar la creencia de que se puede elaborar un texto hecho a su medida y respetando únicamente sus propios criterios. Se trata de que el Govern regule una actividad, la mayor en importancia económica de Balears, según el interés general. Naturalmente, hay tiempo de dialogar e incluso de efectuar modificaciones, si es preciso, hasta el próximo 31 de marzo, pero siempre desde esa perspectiva.