Un documento interno elaborado por el presidente del Fomento del
Turismo, Miquel Vicens, y remitido la pasada semana a los miembros
de la junta directiva, vocales asesores de la institución, cataloga
el proyecto de la Ley General de Turismo de poco liberal y muy
intervencionista.
Vicens indica que el proyecto de ley, «aun siendo correcto en
sus criterios de calidad y de contención de la oferta, es poco
liberal y muy intervencionista; que desaprovecha las posibilidades
de gestión, regulación e inspección de otras consellerias al
duplicarlos».
Considera que el proyecto de ley «atribuirá un gran poder a
gremios técnicos y a empresas de auditoría, cuyos conocimientos
turísticos habría que ver previamente si son acreditables.
Considero que el sector turístico debería hacer un esfuerzo para
conseguir la autorregulación por lo menos en los aspectos no
comunes con las viviendas u otras edificaciones, en concreto en
todo lo que concierne a la calidad, a través de los propios
controles que los touroperadores y los demás canales de venta
ejercen».
En el citado informe, que también ha sido remitido a la
Conselleria de Turisme, se pone de manifiesto que la opinión de los
consumidores «no aparece como criterio de calidad en ninguno de los
artículos que conforman la ley. Muy al contrario, la calidad la
definen los técnicos competentes, los auditores y los inspectores.
A los turistas se les reconoce expresamente el derecho a la
calidad, pero no se tienen en cuenta sus valoraciones».
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