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El presidente de Asociación Nacional de Tiempo Compartido, Jacinto Farrús, afirmó que la nueva ley reguladora del fenómeno de la multipropiedad no penaliza «con el rigor necesario» a los usuarios que dejan de abonar las cuotas de mantenimiento, y solicitó más dureza para los morosos.

«Cuando las comunidades autónomas procedan a adaptar el enunciado de la ley deberían incidir en la búsqueda de un sistema más eficaz para el cobro de las cuotas impagadas, ya que el sector de la multipropiedad puede tener el mismo problema que las comunidades de vecinos con los morosos», dijo Farrús.

La multipropiedad se ha caracterizado en los últimos años por soportar una pésima comercialización, que ha desvirtuado, en parte, el producto.

La adquisición de una semana oscila entre las 400.000 y los 2.000.000 millones de pesetas, dependiendo de la temporada y el complejo en cuestión. La nueva ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, aprobada por las Cortes Generales el pasado 15 de diciembre, fue objeto ayer de un amplio análisis en unas jornadas celebradas en la Banca March.

Según los expertos, alrededor de 500.000 ciudadanos españoles y extranjeros han adquirido el derecho de compartir un inmueble turístico en España, donde existen unos 150 complejos con esta fórmula de propiedad.

Canarias es la comunidad donde la multipropiedad está más arraigada debido a que la temporada turística no se interrumpe en todo el año, seguida de Andalucía y Baleares.

Un negocio en constante crecimiento
El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (tiempo compartido), es un sector «en constante crecimiento», según los expertos que participaron ayer en las jornadas celebradas en la Banca March. Por ello, justificaron la aprobación «con amplio consenso» de la nueva ley, según quedó de manifiesto en la mesa redonda, en la que participaron el catedrático de Derecho Civil, Miquel Coca, el asesor jurídico de la Conselleria de Turisme, Javier Cases, el notario Eduardo Martínez-Piñeiro, el presidente de la Asociación Nacional de Tiempo Compartido, Jacinto Farrús y el abogado, Jeroni Salleras.

La actividad, conocida hasta ahora como multipropiedad (time sharing) fue investigada en Balears debido a que se empleaba como «gancho para camuflar oferta pirata de alojamiento», según los hoteleros.