El juez dió la razón a los síndicos de la quiebra y dictó una
sentencia mediante la cual adelanta un año (del 29 de junio de 1994
al 1 de julio de 1993) la quiebra de Brokerval. La sentencia, que
será recurrida por la UIB, supondrá para esta institución graves
perjuicios económicos, ya que deberá reintegrar a la masa de la
quiebra entre 100 y 300 millones de pesetas.
Ese proceso judicial está muy vinculado a la querella
interpuesta por la sociedad Classic Vision contra los directivos de
la ex agencia de valores, Brokerval, Francisco Tous y Francisco
Berga, a quienes acusaban de un presunto delito de apropiación
indebida, estafa y falsedad. Berga y Tous, según Classic Vision,
procedieron a devolver a la UIB la inversión de 111 millones de
pesetas, que correspondía a las puntas de tesorería de la
Universitat. Ese dinero pertenecía a los herederos de Xim Torrens,
según la querella, y Berga tuvo acceso a él en su calidad de
albacea de la herencia del pintor.
La UIB realizó varias inversiones en Brokerval entre 1989 y
1993, según admitió esa institución, y la partida concreta de 111
millones debía ser empleada en la adquisición de bonos del Estado.
La agencia que dirigían Tous y Berga jamás invirtió este dinero en
bonos del Estado, sino que fue desviado hacia otros proyectos, que
al final fracasaron, según las investigaciones judiciales.
La intervención judicial llevó a los investigadores
hasta el «caso túnel de Sóller»
El «caso Brokerval» se inició en 1994, cuando varios inversores de
la quebrada agencia de valores denunciaron las supuestas
irregularidades cometidas por los máximos responsables de la
entidad.
La investigación que siguió a la denuncia culminó el 30 de junio
de 1994, con una orden judicial de registro de las oficinas de
Brokerval y un auto de declaración de quiebra, mientras que algunos
días después también fue intervenida judicialmente la sociedad
Inverbroker, desde la cual, presumiblemente, se crearon unas
sesenta comunidades de bienes para aflorar una elevada cantidad de
«dinero negro», que podría rondar los 4.000 millones de pesetas.
Ese fue el punto de partida del «caso Túnel», ya que en la
contabilidad de la agencia de valores se hallaron los documentos
clave que permitieron desentrañar la trama que se saldó con la
dimisión del ex presidente del Govern, Gabriel Cañellas.
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