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El alcalde de Palma volvió a ceder ayer, como ya hiciera en el pleno de diciembre, ante la presión de la cincuentena de vecinos de la Platja de Palma que acudieron al Ajuntament para demostrar su oposición radical a la construcción de una oficina de turismo y un kiosko-bar en la plaza de las Maravillas al comprometerse a iniciar las negociaciones con la empresa adjudicataria, Colaboradora Hostelera S.L., con el fin de llegar a un acuerdo para el rescate de la concesión. Con esta decisión, Joan Fageda deslegitimó las declaraciones efectuadas la semana pasada por el teniente de alcalde de Economía y responsable de Contratación de Cort, José María Rodríguez, a los grupos de la oposición en el sentido de que a la vista del informe económico elaborado el Ajuntament había decidido no proceder a este rescate.

También fue objeto de polémica el topónimo oficial de la capital balear, pues el grupo nacionalista presentó al pleno una propuesta por la que se solicitaba al equipo de Gobierno el inicio del expediente para oficializar el nombre de Palma. La intención del equipo de Gobierno era aprobar una propuesta alternativa y contraria por la que se instaría al Parlament de les Illes Balears a rectificar del nuevo Estatut de Balears la denominación de Palma por la de Palma de Mallorca. En medio de la discusión, el alcalde llegó a los extremos de proponer la cooficialidad de los dos nombres, idea que hubiese requerido la elaboración de un informe por parte del secretario para comprobar su legalidad.

El alcalde se reunirá con los taxistas
Representantes de las secciones sindicales del taxi de UGT, CAEB y la Asociación de mujeres profesionales del taxi asistieron ayer a la sesión plenaria celebrada en Cort para protestar por «la aceptación por parte del equipo de Gobierno de las condiciones de trabajo que la Asociación PIMEM pretende imponer en el sector». Para evitar que el conflicto fuera a mayores, el alcalde de Palma habló ayer con estos manifestantes y se comprometió a recibirles la semana próxima.

Según este colectivo, «los planteamientos de PIMEM en cuanto a la regulación horaria provocarán la desaparición de 300 puestos de trabajo, los que en estos momentos ocupan a los segundos conductores autónomos y a los asalariados del taxi».