La Audiencia Nacional ha denegado al presunto terrorista José
Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, el permiso para acudir al
Parlamento vasco con motivo de la constitución de la comisión de
Derechos Humanos, en la que él, como parlamentario, se halla
adscrito. Por otra parte, el juez Baltasar Garzón tampoco ha
autorizado a José Antonio Etxeberria a asistir a los plenos de la
Cámara vasca, de la que forma parte.
De inmediato han surgido reacciones en favor y en contra de
estas dos decisiones, lo que no ha de extrañar a nadie porque desde
que se politizó la Justicia, ésta trabaja sujeta a las sanciones de
los líderes políticos y de la sociedad entera. La oportunidad o
inoportunidad de estas medidas es el objeto de críticas positivas o
negativas por parte de unos u otros. Pero la Justicia es, o debiera
ser, ciega y aplicarse con el único criterio de seguir las Leyes
vigente.
Éste es el criterio seguido por la Audiencia Nacional y el juez
Garzón y, agrade o no, hay que aceptarlo. Los jueces no tienen
porqué adaptarse a las exigencias de los políticos, especialmente
cuando éstos ni siquiera logran acuerdos unánimes en algo tan
especialmente delicado como es la lucha antiterrorista o la
negociación por la paz.
Por otra parte, formaciones como EH y HB van en contra del
sistema democrático o se adaptan a él según les convenga, mientras
que el Estado de Derecho no tiene elección. En ocasiones la
aplicación de la Ley favorece los intereses de unos (adscribir un
etarra en la comisión de derechos humanos) y otras en contra (no
permitirle que actúe como tal). Si EH y HB querían afrentar al
Estado con este sarcasmo, ahora se encuentran con una decisión
firme del estamento judicial que no entiende cambalaches. Ni con
Barrionuevo y Vera, ni con Urrutikoetxea y Etxeberria.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.