El ministerio de Hacienda y, en su caso, la Agencia Tributaria
tienen todo el derecho y todo el deber de recaudar los impuestos a
los contribuyentes, por todas las vías legales a su alcance. Así
que el anuncio de que la Agencia aumenta la presión de las medidas
de cobro embargando vehículos, entra dentro de la absoluta
legalidad. Perseguir a los morosos, especialmente con el Estado, no
es algo que sea discutible. Especialmente si, como ha advertido el
director general de la Agencia, hay una cierta sensibilidad en el
procedimiento.
Es decir, se ha advertido que quien obtenga sus ingresos con la
utilización del vehículo, como taxistas y camioneros, tendrá un
trato especial porque no es lícito privarle de su útil de trabajo.
Es de creer, por tanto, que las empresas que utilicen vehículos
para su funcionamiento, como transportes o repartos, tampoco se
verán amenazadas de embargo de sus vehículos. Ya tenemos una
dinámica de conflicto basada en la igualdad de trato, porque hay un
sinfín de profesionales y empresas que tienen, en el vehículo, su
útil de trabajo.
Se entiende por jornada laboral, incluso por las compañías de
seguros, no solamente la del horario oficial, sino los períodos
utilizados para los trayectos desde o al domicilio, de modo que el
asunto se complica, especialmente si se tiene en cuenta que
Hacienda o la Agencia Tributaria tienen la obligación legal de
intentar el cobro mediante otros procedimientos (no solamente los
dos que apuntan) antes de llegar al del embargo de vehículos que
es, legalmente, el penúltimo en el orden preferencial. Así que si,
como se ha anunciado, se intensifica la caza y captura de
vehículos, aunque se cumpla la exigencia de formalizar los
requisitos legales, ésta puede ser una fuente de conflictos que
puede colapsar los Juzgados, aún más si cabe, con contenciosos
administrativos.
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