T ras dos largos años de agrios debates, y a falta de la
ratificación por el Senado, el Congreso de los Diputados acaba de
aprobar por medio de un consenso principal entre el PP y el PSOE,
pero en el que han intervenido los nacionalistas vascos, catalanes
y canarios, la ley de profesionalización del Ejército español, que
significa el fin del cumplimiento militar obligatorio en el año
2003. No ha habido ninguna posibilidad de convencer al Partido
Popular de dos puntos muy importantes. El primero de ellos, el
adelantamiento de la profesionalización de todo el Ejército al año
2000, aunque es muy posible que el PP acabe con las fuerzas de
reemplazo mucho antes de la fecha aprobada porque se ha introducido
un texto fijando esta posibilidad.
El segundo punto ha estado en trance de romper el consenso
porque los conservadores no han aceptado tratar el derecho de
asociación de los militares, un asunto éste que ha tenido sus
defensores y detractores y que ha originado algunas polémicas
históricas. Por supuesto que otros aspectos, como el número de
militares que integrarán el futuro Ejército profesional, tampoco
han tenido el respaldo de un acuerdo más amplio, dadas las grandes
diferencias de criterio. Es evidente, por tanto, que existen
puntuales discrepancias por lo que respecta a este nuevo modelo de
Fuerzas Armadas.
Pero algo es algo y hay que celebrar el acuerdo final, que ha
incluido la modificación de la fórmula de la jura de bandera con
cambios más de forma que de fondo, entre ellos tanto los que son
anacrónicos como los que hacen referencia a la sangre. En fin, todo
ello es una simple anécdota insertada en asunto tan trascendental
como el de la desaparición del soldado de reemplazo y el de
disponer, en el próximo siglo, de un Ejército moderno y
profesional.
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