El Govern podrá sancionar a empresas agroalimentarias de otras comunidades

Este estatuto, que tiene el objetivo de proteger al sector agroalimentario isleño de la competencia desleal por parte de empresarios de la Península, establece una serie de deberes y derechos que adquieren los destinatarios una vez que entre en vigor.

Hasta este momento, si los técnicos de Agricultura o de Consum detectaban algún tipo de fraude en productos que venían de la Península se tenían que limitar a abrir un expediente y trasmitirlo hasta el Tribunal de la Competencia o al órgano autonómico donde tiene su dirección legal el infractor para que este resolviera.

Este trámite, además de largo en el tiempo, no se resuelve la mayoría de las veces.
Las diferentes consejerias autonómicas de Agricultura o Consumo suelen dilatar el proceso de sanción porque, entre otras razones, no es políticamente rentable sancionar a empresas de tu propia comunidad a instancias de otra administración.

Ahora el proceso no solo se agilizará sino que será más efectivo ya que el Govern, con permiso del Ministerio de Agricultura, podrá ir a una empresa de Andalucía o Galicia, por ejemplo, y aplicarle la sanción directamente si se comprueba la irregularidad. Esta normativa, según explicó el conseller de Agricultura, Comerç i Industria, Josep Juan Cardona, es «la primera que se ha aprobado de este tipo en España», tanto es así que desde el propio Ministerio se ha solicitado el texto de la Ley para su posible aplicación en el resto de comunidades.