El inicio del juicio que se sigue contra Emilio Alonso Manglano y Juan Alberto Perote, entre otros, por las escuchas ilegales realizadas por los servicios secretos militares españoles, el CESID, entre los años 1984 a 1990 y de las que fue objeto hasta el mismo rey don Juan Carlos, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de regular el funcionamiento de este organismo. El escándalo producido en 1995 cuando se revelaron estas escuchas provocó la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y del entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas. Hasta ahí llegó entonces la delimitación de las responsabilidades políticas de este asunto. Pero es ahora cuando los presuntos autores de aquellos hechos se sientan en el banquillo para responder ante la Justicia, que deberá delimitar las responsabilidades penales.
Editorial
El necesario respeto a la vida privada
11/03/99 0:00
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