El Consell de Mallorca tiene las manos atadas con la aprobación de
las Directrices de Ordenación del Territorio: no podrá parar las 77
urbanizaciones incluidas en la moratoria hasta después de las
elecciones de junio.
Los plazos corren en contra de la institución que preside Maria
Antònia Munar. Desde el momento en que entró en vigor la moratoria
del Consell "en noviembre del año pasado", la institución tenía
seis meses de plazo para presentar la norma que permitía prohibir
las urbanizaciones. Sin embargo, la moratoria aprobada por el
Govern dejó en suspenso este plazo, que ahora volverá a
comenzar.
Una vez que las Directrices estén en vigor, empezarán de nuevo a
contar los plazos. Sin embargo, el proceso es tan largo y
complicado que hace imposible que la institución insular pueda
parar las 77 urbanizaciones. Para empezar, el Consell tiene que
aprobar inicialmente las normas subsidiarias que desclasifican el
suelo, primero en la Comissió Insular d'Urbanisme y, después, en el
pleno.
A partir de ahí, la norma que prohibe las urbanizaciones debe
pasar por un plazo de exposición pública de al menos un mes.
Además, tiene que ser remitida a los ayuntamientos afectados para
que den su opinión.
Por si este complicado proceso no fuera suficiente, las
Directrices de Ordenación del Territorio han incorporado un
artículo en el que textualmente se asegura: «En ningún caso se
podrán aprobar normas complementarias y subsidiarias para la
ordenación de terrenos afectados por una suspensión de su
planeamiento sin un dictamen del Consell Consultiu sobre su
adecuación al ordenamiento jurídico».
En consecuencia, para que el Consell pueda parar las 77
urbanizaciones, se requiere ese dictamen. Dado que el Consell
Insular no tiene competencias en materia de ordenación del
territorio, se da por hecho que el dictamen del Consell Consultiu
será negativo ya que esta norma no tendrá «adecuación al
ordenamiento jurídico».
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