Recuperados ya del largo paréntesis veraniego, en la recta final de
las autonómicas catalanas y a poco más de cinco meses para la
próxima cita con las urnas para renovar el Parlamento y el Gobierno
de la nación, el río político empieza ya a bajar con las aguas
revueltas.
El alboroto que se ha organizado en León y las acusaciones
mutuas entre nacionalistas, socialistas y populares en Cataluña no
hacen sino remover unas aguas ya de por sí bastante turbias que en
nada contribuyen a aclarar la situación política del país. Pero
vayamos por partes. Lo de León ha levantado ampollas en otras
regiones y no es para menos. Se supone que el Estado de las
autonomías se fundamenta en la solidaridad de unos hacia otros y,
con pactos como éste "la promesa popular de repartir allí 230.000
millones a cambio de sostener al PP en la Alcaldía de aquella
capital de provincia", el principio mismo de la solidaridad salta
por los aires. El Partido Socialista lo califica de «cacicada» y
asegura que se trata de una «compra» privada con dinero
público.
Luego están los pactos entre partidos nacionalistas y
estatalistas. Mientras el PP negocia y firma acuerdos con PNV, CiU
y Coalición Canaria "a cambio también de inversiones, claro" para
sostener su relativa mayoría en el Congreso de los Diputados "igual
que hizo previamente el PSOE", no deja de criticar el Pacte de
Progrés que se ha llevado a cabo en Balears, demonizando al PSOE
por «pactar con quien nunca se debe pactar». Las cosas hay que
saber mirarlas con cierta perspectiva. El Govern izquierdista de
Balears no ha cumplido aún sus primeros cien días de gobierno. Ha
cometido errores, quién no lo haría, pero todavía es pronto para
saber si el resultado al final de la legislatura será
aceptable.
Porque, al menos, habrá servido para proporcionar al PP balear
una cura de humildad a base de cuatro años de sana oposición.
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