Cuando se publicó el texto de la nueva ley urgente que regula el
urbanismo en las Islas, este periódico ya llamó la atención sobre
lo ambiguo que resultaba uno de sus artículos, precisamente el que
establecía el plazo de aplicación de la normativa elaborada por el
Govern del Pacte de Progrés.
Los especialistas jurídicos explicaban que la redacción de la
disposición era tan confusa que no quedaba nada claro si la ley
urgente debía aplicarse a los proyectos de nuevas viviendas en
suelo rústico presentados en los tres meses previos a su entrada en
vigor o sólo a los que lo hicieran a partir de su publicación.
Ahora la ley ya está publicada y la confusión sigue vigente.
Tanto que para empezar el Consell Insular de Mallorca se ha visto
obligado a aparcar nada menos que 150 proyectos de este tipo de
viviendas hasta que los servicios jurídicos de la institución
decidan qué ley debe aplicárseles, si la nueva o la anterior. Cabe
esperar que otro tanto ocurrirá en los Consells de Eivissa y
Menorca.
Lo cierto es que una ley de esta envergadura, que afecta a
tantas personas "sobre todo ahora, con el boom urbanístico que
vivimos", debía hacerse con más tiento. No parece del todo justo
que alguien que proyecta su vivienda en su terreno cuando está
vigente una ley que le permite hacer ciertas cosas se encuentre con
que ya no puede hacerlas porque han cambiado el Govern y la ley en
cuestión de unos pocos meses.
Sin embargo, también resulta lógico el intento del nuevo Govern
por poner orden en este maremágnum constructivo que padecen las
Balears al alirón del despegue económico. Quizá la solución estribe
en dejar un plazo de adaptación para los proyectos que se
presentaron meses atrás y aplicar con todo el rigor la nueva
normativa a los que quieran edificar a partir de ahora.
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