Los representantes de la Unión Sindical Obrera, USO, en Balears
acusan al conseller de Treball, Eberhard Grosske, de excluirles del
diálogo social que está manteniendo actualmente para diseñar las
actuaciones e instituciones que van a derivarse del Pacto por la
Ocupación y amenaza con llevar a los tribunales al Govern por esta
«discriminación».
El Ejecutivo, según el portavoz del sindicato Rafel Pons, se
escuda en la fórmula «sindicatos más representativos» para limitar
su participación en la interlocución social. Al parecer, la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, señala que los «sindicatos más
representativos», a nivel estatal, son aquellos que superan el 10
por ciento de los delegados existentes y, a nivel autonómico,
aquellos que tengan más de 1.500 delegados, el 15 por ciento de
representatividad y no estén confederados.
Como quiera que USO es un sindicato confederado y que tiene en
las Islas 600 delegados (11 por ciento del total), la conselleria
de Treball i Formació sólo considera interlocutares sociales a la
CAEB, PIMEM, UGT y CC OO, «aunque al menos nos mantienen informados
del diálogo» asegura Pons.
El sindicato ya se ha puesto en contacto con otros agentes
sociales excluídos del diálogo, «como el Consell de la Joventut, el
sindicato STEI y la UNAD», para intentar crear una plataforma que
luche por su participación activa en los foros que se creen, «ya
que dicen que en el Consejo Económico, Ecológico y Social tendremos
voz pero no voto» señalan.
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