Los médicos contrarios a la forma y manera en que se aprobó la
ampliación de la sede del Colegio Oficial de Médicos de Balears han
conseguido forzar a su presidente, Miguel Triola, y su junta
directiva a convocar un referéndum de carácter vinculante para
decidir si hay que construir la nueva sede colegial. Así, lo
anunció Miguel Triola en una rueda de prensa ofrecida el pasado 31
de diciembre, día en el que los trabajadores de Ultima
Hora tienen su jornada de descanso.
Un colectivo crítico de médicos inició, a raíz de que una
asamblea de compromisarios "que contó con escasísima participación"
aprobara la millonaria ampliación de la sede del Colegio Oficial de
Médicos en Balears, la recogida de firmas para forzar a Triola y su
junta directiva a convocar una asamblea general como el modo más
democrático para aprobar una decisión de tan importante calado para
todos los médicos. Este sector crítico ha denunciado que la
aprobación de la ampliación de la sede colegial "cifrada en 600
millones de pesetas si bien se apunta que el coste real podría
superar los 800 millones de pesetas" se hizo sin que los colegiados
tuvieran información suficiente y exhaustiva del proyecto y que los
compromisarios votaron sin consultar la opinión de sus
representados.
Miguel Triola ha convocado el referéndum para el día 22 de
febrero cuando los críticos ya llevan recogidas casi el 25% de las
firmas para forzar la convocatoria de una asamblea general que es
lo que pretenden. Hace escasamente un mes, estos médicos
«boicotearon» una asamblea convocada por el presidente Miguel
Triola para explicar la reforma de la sede colegial. Los críticos
se plantaron y le expusieron que no querían oir las razones sino
convocar una asamblea general para que todos los colegiados
estuvieran informados y así poderse tomar la decisión con
conocimiento de causa.
Este sector crítico de facultativos presentó sendas críticas en
el Colegio de Médicos y al Consejo General de Colegios. Ambas
instituciones han coincidido en señalar la legalidad del proceso,
reservándose este sector crítico acudir a la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
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