Desde que el año pasado se aprobó un decreto de regulación de la
delegación de las competencias de los ayuntamientos, muchos
consistorios de las Islas se han aplicado esta nueva normativa
creando una situación insólita que podría arrastrar no pocos
problemas. Hasta el momento, el máximo órgano de poder de un
ayuntamiento era el pleno, que además se celebra de forma pública,
y en el que todos los grupos políticos, grandes y pequeños, tienen
voz.
Sin embargo, había quien opinaba que dejar la toma de muchas
decisiones, incluso nimias, en manos del pleno, con sus discusiones
y sus votaciones, suponía un freno para el funcionamiento de los
consistorios, y de ahí la idea de agilizar los trámites, dejando
las actuaciones menos relevantes a unos órganos de gobierno menores
que no tuvieran que contar con el visto bueno plenario. La ley
contempla así las comisiones de gobierno, que tienen una serie de
competencias que pretenden descargar el pleno y trabajar casi de
forma autónoma. Visto así no parece una mala idea, aunque lo cierto
es que las leyes, todos lo sabemos, suelen tener también sus
trampas, y quizá en este caso la delegación de competencias
municipales sea peligrosa. Entre las competencias de las comisiones
de gobierno están la concesión de créditos, operaciones de
tesorería, contrataciones y concesiones de obras, adquisición de
bienes y servicios, aprobar expedientes de expropiación, y hasta
órdenes de derribo por infracciones urbanísticas. Son competencias
nada desdeñables que, sin el control del pleno y de los ciudadanos
que quieran asistir, pueden derivar en toda clase de
irregularidades. Y de eso precisamente "de utilizar la ley para
sacar provecho particular" se acusan unos partidos a otros, cuando
la única realidad es que, ahí donde tienen posibilidades, todos los
partidos actúan por igual.
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